COMENTARIO
David es consciente de la inminencia de su muerte y, como otras grandes figuras bíblicas (Jacob, Moisés… y el mismo Jesucristo), antes de morir deja a los suyos su testamento. El de David tiene dos partes bien diferenciadas: una, la religioso–teológica (vv. 2-4); otra, la político–circunstancial (vv. 5-9).
La primera, aunque dirigida inmediatamente a Salomón, afecta a todos los reyes que van a sucederle, e incluso es válida para todos los hombres. Comienza con la misma recomendación insistente de Moisés a Josué de ser fuerte y de portarse como un hombre (cfr Dt 31,23; Jos 1,6; etc.), y continúa haciendo suya la enseñanza fundamental del libro del Deuteronomio: la fidelidad a los mandamientos de Dios conduce al hombre a la felicidad y al éxito; y es, en cuanto se refiere al pueblo elegido, condición para seguir habitando en la tierra que Dios le ha dado. Se trata de la parte de la Alianza que corresponde cumplir al pueblo.
Los sucesores de David, en general, no cumplirán esa condición, por lo que el pueblo será dividido y acabará finalmente en el destierro. Esta es la explicación profunda que quiere dar el conjunto de los libros de los Reyes y la historia deuteronomista a los trágicos acontecimientos del periodo de la monarquía. Pero, a la luz del Nuevo Testamento, Dios cumple su promesa con la llegada de Cristo, Hijo de David, que por su perfecta obediencia (Flp 2) será constituido rey para siempre (cfr Ap 1,5; 17,14; etc.).
La comprensión bíblica del rey sometido a la ley divina es extensible al ejercicio de toda autoridad, pues, como enseña el Concilio Vaticano II, «la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana, y, por ello, pertenecen al orden querido por Dios; sin embargo la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre designación de los ciudadanos. Se sigue también que el ejercicio de la autoridad política, ya sea en la comunidad como tal o en instituciones que representen al Estado, debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común —concebido dinámicamente— según el orden jurídico legítimamente instituido o que se establezca. Entonces los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer. De aquí se deduce la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los gobernantes» (Gaudium et spes, n. 74).